Los
tribunales de Austin (Texas) deberán esperar para escuchar al excliclista Lance
Armstrong declarar bajo juramento sobre el uso de sustancias prohibidas a lo
largo de su carrera deportiva. El ganador de siete Tour de Francia ha alcanzado
un acuerdo de última hora con Acceptance Insurance, un antiguo patrocinador que
lo demandó el pasado mes de enero por enriquecimiento injusto, evitando, así,
tener que comparecer por primera vez ante un juez para hablar de dopaje,
después de su confesión en el programa de Oprah Winfrey a comienzos de año.
La
empresa con sede en Nebraska reclamaba a Armstrong tres millones de dólares en
compensación por las cantidades que abonó al ciclista entre 1999 y 2001 en
concepto de primas por unas victorias que no obtuvo limpiamente. Acceptance
esperaba que el ciclista detallara en el juicio su trayectoria de dopaje desde
1995 y que especificara qué sustancias consumió y en qué cantidades, quién se
las suministró y quién estaba al tanto de esas prácticas, además de información
sobre en qué momento los amigos y asesores más cercanos al deportista, entre
ellos su exesposa, Kristin Armstrong, supieron que se dopaba -Esta semana The
Daily Mail publicaba unas declaraciones del corredor en las que aseguraba que
el expresidente de la Unión Ciclista Internacional, Hein Verbruggen, le ayudó a
encubrir su dopaje-.
Con
el abono de la cantidad que le reclamaba su patrocinador, Armstrong ha evitado
tener que declarar bajo juramento acerca de sus prácticas dopantes. Tras
reconocer en televisión que había usado EPO y transfusiones de sangre para
ganar, la Agencia Antodopaje de EE UU, USADA, pidió al ciclista que reiterara
su testimonio y testificara bajo juramento ante esa entidad. Armstrong se ha
negado, perdiendo, así, la oportunidad de conmutar por una sanción de ocho años
la prohibición a participar de por vida en pruebas deportivas al que lo condenó
la USADA.
Armstrong
ha eludido su primera cita con la justicia, pero el mismo tribunal de Austin
está estudiando una demanda similar presentada por SCA Promotions, que reclama
al ciclista 12 millones de dólares. El corredor se enfrenta también a un
proceso federal por fraude iniciado en 2010 por su excompañero y desposeído del
Tour del 2006 por EPO, Floyd Landis, y al que en verano se sumó el Departamento
de Justicia. La Administración exige a Armstrong 120 millones de dólares en
concepto de indemnización por haber
incumplido las condiciones del contrato con el US Postal, que obligaban a los
corredores a no emplear sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento.
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